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El valor del subsidio
14/09/2008
El boleto de tren pasaría de 1 a 3 pesos y la factura de luz costaría el doble si desaparecieran los aportes del Estado para las tarifas. También habría más inflación.

Si se erradicaran repentinamente los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, los precios finales deberían incrementarse entre el doble y el triple según las prestaciones, con el previsible impacto sobre la economía doméstica y el consiguiente efecto multiplicador sobre otros precios. Hay por lo menos dos casos que resultan ilustrativos. En aquella hipotética situación, un boleto de tren urbano debería catapultarse de 1 a 3 pesos y la factura de luz de un usuario residencial de Capital Federal o el conurbano tendría que aumentar más del doble, si se pretendiera que la recaudación por tarifa permitiera cubrir los costos operativos de una y otra actividad. La cuenta no incluye el aporte estatal para obras de expansión de los sistemas, quizás el renglón más oneroso.

Estas fotos explican por sí mismas la estrategia oficial de ajustar esos precios gradualmente, manteniendo por un tiempo indefinido un esquema inspirado en el afán de comprimir los precios de servicios esenciales. De los casi 34 mil millones de pesos de la ampliación presupuestaria que el Congreso autorizaría este año, la mitad será destinada a inversión y subsidio, básicamente de los rubros energético y transporte.

Semejante esfuerzo tiene su lógica, en particular si se piensa en lo que podría implicar una erradicación repentina de ese modelo. Los trenes urbanos fueron subisidiados desde el momento de la privatización, en el primer lustro de los ‘90, aunque el subsidio operativo (esto no incluye las obras para infraestructura y material rodante) fue creciendo proporcionalmente ya que el Estado asumió por sí la cobertura de costos que, de otro modo, hubieran ido a la tarifa.

La operadora del Mitre y el Sarmiento, Trenes de Buenos Aires, transporta hoy casi 17 millones de pasajeros por mes (computados como pasajes vendidos) y cobra en ese lapso 31 millones de pesos de subvención “operativa”. En un cálculo grueso, se ve que por cada viajero de TBA la caja pública aporta 1,80 peso. Considerando que el boleto mínimo vale un peso, extinguir el auxilio estatal implicaría incrementarlo un 200 por ciento.

A diferencia del ferroviario, el sistema eléctrico no se privatizó en base a subsidios. Pero con la idéntica estrategia de contener las tarifas finales, el Estado fue interviniendo en un esquema de formación de precios complejo y que originalmente respondía a las pautas de mercado. A través de Cammesa, se subsidia a los generadores, de modo tal que éstos no tengan que cobrar de las distribuidoras exactamente lo que cuesta producir la electricidad. De hacerlo, el precio final en todos los segmentos iría para arriba, en una proporción que difiere según se trate de un consumo domiciliario o industrial, pero que, en promedio, está un poco por encima del ciento por ciento.

Para evitar aquel traslado a los precios finales e importar electricidad de Brasil para cubrir el faltante local, en los últimos doce meses el Estado asumió la obligación de aportar algo más de 7529 millones de pesos, cifra que incluye el oneroso combustible líquido comprado en el exterior para las usinas térmicas que no disponen de suficiente gas.

Según calcula el ex secretario de Energía Eléctrica aliancista y consultor Alejandro Sruoga, si ese monto se dividiera por toda la energía consumida en el país en ese lapso, resulta que de la caja fiscal drenan unos 75 pesos por cada megawatt/hora consumido. Traducido esto en términos de una factura, resulta que una familia tipo que demande modestos 400 kilowatt/hora por bimestre, de desaparecer aquel aporte estatal tendría que pagar unos 30 pesos más. Más del doble de lo que paga ahora.

El número es compatible con los que oficiosamente hacen en el Ministerio de Economía y resulta un poco más modesto del que surge de ver la misma cuestión desde otro costado. Un usuario residencial medio de Edenor paga unos 70 pesos el megawatt hora, electricidad que cuesta 142 pesos producir. La diferencia la pone el Estado, que hoy también financia la expasión del sistema en todos sus rubros.

Si con una lógica economicista también se cargara sobre las boletas domésticas o los pasajes ese costo, los usuarios deberían afrontar tarifas que previsiblemente no harían mella en un cliente de Palermo Chico, pero que serían inviables para el grueso de la demanda.

 

 

 

 

 

Fuente: Página/12

 

 

 

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