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Privatizadas: en Seis Años, sólo un Contrato Renegociado
27/08/2008

Un informe difundido ayer por el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, reveló el notable retraso en la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos que se dispuso por la Ley de Emergencia Pública N° 25.561 a principios de 2002. Transcurridos seis y años y 8 meses, sobre 52 contratos a renegociar, sólo está concluido el de Aeropuertos Argentina 2000. Hay otros 15 contratos (entre los que se encuentran los de las eléctricas Edenor, Edesur y Edelap, el de Gas Natural-BAN y los de transportistas de electricidad) en los que se realizaron ajustes parciales de tarifas y se fijaron compromisos de inversión, pero no se llegó a la revisión tarifaria integral, que debía incluir un nuevo modelo para fijar la remuneración y la rentabilidad de las concesionarias, las inversiones y su forma de control, y los derechos de los usuarios. Hay otros 20 contratos que están en distintas instancias de resolución, pero también sobre renegociaciones parciales y no definitivas. Finalmente quedan otros 10 en los que no se registró hasta ahora ningún avance. En este último caso, se destacan los de las gasíferas TGS, TGN, MetroGas y Gas del Centro.

Como resultado de esta demora del Ejecutivo en avanzar con los contratos de servicios públicos, siguen pendientes en el CIADI juicios contra el Estado nacional que fueron suspendidos pero no desistidos por las empresas con renegociaciones parciales. Según los datos del defensor del pueblo, hasta fin de año vencen las suspensiones solicitadas por 7 empresas. Es probable que las mismas pidan una nueva prórroga de las acciones, pero el hecho también revela la vulnerabilidad del Estado por las demoras incurridas. Las empresas cuyas suspensiones de los juicios ante el CIADI, vencen antes de fin de 2008 son: Edelap: el 11 de diciembre. Camuzzi Internacional (por Camuzzi Sur y Camuzzi Pampeana): el 31 de octubre. Gas Natural BAN: el 1 de setiembre. Telefónica: el 7 de octubre. Edesur: el 19 de noviembre. Edenor: el 30 de junio.

Según el informe, «a seis años de iniciado el proceso, el nivel de acuerdos alcanzado es prácticamente nulo, lo que demuestra un contexto de fragilidad jurídica de gran magnitud». Añadió que la revisión tarifaria integral fue concebida «como un elemento de quiebre al modelo de privatización». Y destacó que «la persistencia en sostener las continuas prórrogas para su concreción denota la voluntad de mantener el modelo anterior». El defensor remarcó que «un bloque normativo difuso, ausencia de controles, reclamos no desistidos ante el CIADI, contratos sin ningún avance en la renegociación, constituyen un escenario carente de políticas públicas que permite afirmar que estamos ante una no renegociación».

Desinversión y subsidios en energía

Las empresas energéticas tienen un capítulo propio en el informe del defensor del pueblo. Según el análisis, «el servicio de distribución y transporte de gas por redes presenta como primer déficit la falta de inversiones en la producción», lo que deriva en menor volumen de producto disponible. Agregó que «la caída de las reservas, la limitación del transporte y la falta de inversión en redes para incorporar nuevos usuarios denotan la deficiente situación del servicio». El defensor puntualizó que un grupo importante de empresas del sector gasífero «no cuenta con ningún avance en el proceso de renegociación» (MetroGas, TGS, TGN, y Gas del Centro).

En cuanto a las tres distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap), Eduardo Mondino criticó los aumentos tarifarios acordados, afirmando que no se puede establecer un aumento «sin evaluar en qué condiciones se encuentra el escenario de la prestación del servicio con posterioridad a la crisis», que es lo que se planteaba en la ley de emergencia al proyectar la renegociación global de los contratos. Según el informe, «las tres empresas no cuentan con revisión tarifaria integral, no desistieron de sus reclamos ante el CIADI y limitaron sus ingresos destinados a la reposición y ampliación de los sistemas de distribución, afectando la calidad del servicio».

Transportistas Añadió que lo mismo ocurrió con las transportistas. El informe también reveló que entre enero y agosto, el estado destinó $ 7.473 millones en concepto del subsidio al sistema eléctrico, mientras en los doce meses de 2007, alcanzó a $ 6.212 millones. Estos subsidios, sin embargo, no se destinan a las privatizadas de distribución y transporte, sino a cubrir la diferencia entre el precio mayorista que se incluye en las tarifas al público y el que se debe reconocer a las generadoras para que cubran sus costos.

Sin mejoras en 5 reestatizaciones El gobierno de Néstor Kirchner rescindió entre 2003 y 2007 5 contratos de concesión de empresas privatizadas. Son los de: Correo Argentino, Transportes Metropolitanos Gral. San Martín, General Roca y Belgrano Sur, y Aguas Argentinas. (Se puede agregar la rescisión del contrato para la administración del espectro radioeléctrico, pero era una contratación, no una concesión.) El informe del defensor del pueblo indicó que no hubo una mejora en la prestación del servicio en las empresas que volvieron al Estado. En Ferrocarriles, destacó «el deplorable estado de la infraestructura, que torna al servicio altamente riesgoso para el usuario», y «las sistemáticas demoras y cancelaciones». También reveló que entre enero y agosto, el Estado destinó $ 1.570 millones de subsidios para este servicio. En el Correo, el informe cuestionó la falta de mejoría en la distribución de la carta simple, mantenimiento de estafetas cerradas por el concesionario privado y ausencia de tarifas accesibles al servicio de casillas en los casos en que se carece de reparto domiciliario de correspondencia.

 


 

 

Fuente: Ámbito Financiero

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