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El aumento de tarifas eléctricas
04/08/2008

La evidente dificultad de continuar sosteniendo el abultado y creciente monto de los subsidios estatales a las empresas concesionarias de servicios públicos ha movido al Gobierno a disponer aumentos en las tarifas. La primera concreción ha comprendido las tarifas eléctricas, con aumentos escalonados según las cantidades consumidas. Los consumos residenciales de hasta 650 kw/h por bimestre no han sufrido aumento alguno. A partir de allí los incrementos son porcentualmente crecientes por intervalos de consumo, entre un 10 y un 30 por ciento. Se esperan próximos aumentos en el transporte público de la jurisdicción del gobierno nacional, así como en la distribución de gas natural.

Seguramente se verán también ajustes en peajes, transporte aéreo y otros servicios que estuvieron restringidos en sus aumentos por más de seis años mientras sus costos crecieron al ritmo de una inflación que acumula más del 125 por ciento, según las mediciones oficiales de aumentos de precios al consumidor, y bastante más de acuerdo con estimaciones privadas. El sinceramiento de las estructuras de precios, y en este caso de las tarifas eléctricas, va en el buen sentido y debe ponderarse positivamente. El no haber iniciado este proceso seis años atrás no sólo ha pesado sobre el presupuesto público y, por lo tanto, sobre el bolsillo de los contribuyentes, sino que también impidió la realización de inversiones al deteriorar los servicios y crear un cuello de botella para el resto de la producción del país. Se puede decir que más vale tarde que nunca, sin dejar de observar que la enorme demora en reaccionar para corregir esta distorsión ha hecho crecer notablemente la magnitud de los ajustes necesarios. Los mayores ingresos esperados por estos aumentos se estiman en 300 millones de pesos.

Una suma no significativa respecto al monto total de subsidios eléctricos del orden de 6000 millones proyectado para el año en curso. Los porcentajes ahora autorizados se muestran así absolutamente insuficientes para corregir el atraso. Prácticamente estos aumentos cubren solamente el crecimiento de los costos durante el primer semestre de 2008, y quedará por resolver lo acumulado durante los seis años anteriores. En el caso de la energía debe considerarse no sólo la inflación interna, sino también la quintuplicación de los precios internacionales del petróleo y del gas.

El gobierno argentino optó por desacoplar los precios internos de los internacionales para estos combustibles mediante la aplicación de derechos de exportación móviles. Esto posibilitó atenuar el monto de los subsidios a las centrales generadoras de electricidad, pero este arbitrio hoy se enfrenta a la circunstancia de que la Argentina dejará de ser exportador neto de petróleo y de gas. De hecho los faltantes invernales de gas están siendo hoy cubiertos con la importación de gas licuado regasificado, con un costo de 15 dólares el millón de BTU, contra los dos dólares que se les paga a los productores locales. Para desacoplar precios, de ahora en más habrá que subsidiar las importaciones en lugar de captar impuestos de las exportaciones.

En el panorama fiscal sombrío que observamos, esto no resulta posible; por lo tanto, la generación de electricidad deberá contar con precios que no sólo deberán compensar la inflación interna de costos, sino también el aumento de los precios internacionales de los combustibles. La superposición de ambos efectos implicaría ajustes que se expresarán en porcentajes mucho mayores, quizás acordes con la relación que hoy se observa entre las tarifas eléctricas argentinas y las de los países vecinos.

Es difícil imaginar que aumentos como los requeridos sean enfrentables por quienes tienen ingresos limitados. El impacto social debe ser atenuado. Para ello el Gobierno ha elegido en esta oportunidad la vía de la segmentación de las escalas tarifarias en relación con el consumo. A pesar de que los kilovatios-hora utilizados no se corresponden estrictamente con el ingreso por habitante de cada hogar, esta modalidad de segmentación es aceptable a los fines de amortiguar el impacto social. Sin embargo, sólo es aplicable mientras las escalas no se distancien demasiado. Deberá pensarse preferiblemente en mecanismos de subsidio a la demanda, es decir, en planes sociales que tengan en cuenta la situación socioeconómica real de cada familia y sus necesidades frente a servicios esenciales que sean tarifados para cubrir sus costos.

La obvia necesidad de sincerar el sistema de precios de los servicios públicos hace imprescindible planificar el marco y los procedimientos que se aplicarán para lograrlo con el mínimo impacto sobre las expectativas inflacionarias y sobre los que menos tienen.



Fuente: La Nación

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