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Una medida con años de retraso
31/07/2008
Cuentan que Néstor Kirchner estuvo varias veces durante su mandato a punto de aprobar un ajuste diferenciado de tarifas eléctricas como el que se anunció ayer, pero que a último momento siempre daba marcha atrás. Lo desvelaba imaginar el término "tarifazo" en letras de molde, como suele describir los titulares de los diarios su esposa, Cristina, quien finalmente debió dar vía libre al aumento, más por necesidad que por virtud.

Sin embargo, esta medida no resuelve el problema de fondo por el cual fue justificada por el ministro Julio De Vido: el imparable incremento que viene mostrando la cuenta de subsidios estatales a la demanda eléctrica. La razón es que el grueso de los subsidios se canaliza a través de la generación, que por ahora quedó al margen de este ajuste tarifario. En este segmento se sigue aplicando una fórmula explosiva: importar gas y combustibles líquidos cada vez más caros para que las generadoras produzcan y vendan energía barata.

La diferencia la pone el Estado, o sea, todos los contribuyentes. Para 2008 se estima que los subsidios al sector energético (más del 50% del total) treparán a 6000 millones de dólares anuales, casi el doble de los 3300 millones de 2007. En 2006 habían sido de 1600 millones de dólares. Dos años antes, en 2004, no llegaban a los 500 millones. Este crecimiento geométrico explica por qué el demorado ajuste tarifario con "criterio social" (ya que excluye al 76% de los hogares con menor nivel de consumo) se daba por descontado desde hace varios meses; pero no sólo por la inequidad que suponía beneficiar con tarifas subsidiadas a los consumidores de mayor poder adquisitivo. No obstante, al disponerse que los aumentos que pagarán los usuarios de electricidad se destinarán exclusivamente a inversiones en distribución y transporte, el problema fiscal del stock de subsidios en generación quedaría casi intacto. Falta la otra mitad del billete. Esto abre la perspectiva de otro ajuste posterior al que se anunció ayer.

Por ahora, la medida viene con tanto retraso que sólo marginalmente posibilitaría racionalizar el consumo después de tantos años de tarifas bajas (incluso en comparación con otras regiones del país) que estimularon fuertemente la demanda y el uso de electrodomésticos. Ayer, las empresas distribuidoras del área metropolitana sacaban cuentas y suponían que, en el mejor de los casos, les permitirá mejorar la caja para compensar el incremento de costos (salariales y operativos) provocados por la inflación de los últimos doce meses, más que encarar inversiones indispensables ya anunciadas en el sistema a cuenta de mayores ingresos. Hacía casi dos años que estas empresas aguardaban, luego de un retoque parcial en 2006, una revisión integral de sus contratos y tarifas, que ahora volvió a postergarse para el primer trimestre de 2009.

La fecha original era comienzos de 2007, pero el almanaque encontró un escollo político: se trataba de un año electoral. Otra incógnita está en el temido impacto inflacionario del incremento de tarifas. Nadie, en realidad, sabe cuál será su incidencia en el nuevo "índice Moreno" de precios al consumidor, sencillamente porque el Indec no se tomó el trabajo de informar las ponderaciones de la electricidad.

Si siguiera vigente el IPC "viejo", su impacto en el índice de julio sería inferior a medio punto porcentual, entre 0,2 y 0,4%, según el universo de usuarios que abarque. Pero esto es sólo teoría. Aunque es retroactivo al 1º del actual, su facturación hará que sólo repercuta en el índice de agosto. Y su carácter diferenciado hace que pueda diluirse aún más, ya que abarca a un 50% de los consumidores, de clase media para arriba.

Cada cual deberá medir entonces en su cuenta de gastos el impacto de este ajuste, que impresiona más por los porcentajes que por el aumento efectivo en las facturas, que aún están lejos de cualquier comparación internacional.

La otra gran incógnita, además de la generación eléctrica, es qué ocurrirá con las tarifas de colectivos, subtes y trenes, que representan otro 40% de los subsidios estatales, pese al ajuste de 17% aplicado en enero de este año y que se destinó casi íntegramente a pagar aumentos salariales.

Por su repercusión política y social, Cristina Kirchner quedó atrapada aquí por el mismo dilema de su marido cuando era presidente.

 

 

 

Fuente: La Nación

 

Por: Néstor O. Scibona

 

 

 

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