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Nadie vigila a las empresas de servicios públicos
31/05/2008

No controlan, ni regulan, ni multan. Los organismos del Estado que deberían auditar el funcionamiento de las empresas de servicios públicos no cumplen con los objetivos para los que fueron creados. Así lo determina un informe de la Sindicatura General de la Nación, la principal oficina de control interno del Poder Ejecutivo, que se dio a conocer esta semana.

Según la SIGEN, los entes que deberían controlar las concesiones telefónicas, los aeropuertos, las vías navegables, las rutas nacionales, las compañías eléctricas y de agua no sancionan a las empresas que incumplen con los contratos o bien son incapaces de cobrar las multas que aplican. Este año, esos organismos de control que no controlan y que funcionan bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido, gastarán casi 1.800 millones de pesos, el doble de lo que se destina para el Congreso, o lo mismo que gastará en todo 2008 el Poder Judicial de la Nación.

La “auditoría transversal”, como la tituló la SIGEN, se propuso “evaluar la efectividad de las sanciones aplicadas y la razonabilidad de los plazos insumidos en el proceso sancionatorio” de las empresas de servicios públicos. Pero los entes de control no pasaron la prueba. “La mayoría de las penalidades y multas aplicadas a los licenciatarios no son de cumplimiento efectivo, lo que contribuye en buena medida al resultado final percibido de que las sanciones no propenden a modificar las conductas de los prestadores”, dictaminó la Sindicatura.

Los entes reguladores fueron creados durante el gobierno de Carlos Menem con el objetivo de auditar a las empresas que asumieron la administración de los servicios que se privatizaron. Su única finalidad es la de velar por el cumplimiento de los contratos de concesión. Pero no lo hacen.

 El informe dice, caso por caso:

La Comisión Nacional de Comunicaciones gastará este año 437 millones de pesos, lo que equivale al costo de la construcción de unas siete mil casas del Plan Federal de Viviendas. Según la SIGEN, la CNC ni siquiera posee una base de datos “confiable” de las sanciones que debería aplicarles a las empresas telefónicas. El hecho se hace más significativo si se tiene en cuenta que anualmente esa repartición recibe más de cuatro millones de pesos para equipamiento informático.

Para los entes reguladores no corre la frase “hecha la ley, hecha la trampa”, ya que la “trampa” es parte de la “ley”. De acuerdo con el informe de la sindicatura, todos los entes les habilitan a las empresas mecanismos de apelación de las sanciones que terminan dilatando los plazos hasta que las multas pierden vigencia.

“Las licenciatarias demoran significativamente en contestar los requerimientos de la CNC y no responden adecuadamente a lo que se les solicita, dando lugar a nuevos requerimientos, lo que provoca consecuentes atrasos”, consigna el documento. El cuento de la buena pipa termina siempre igual: sin sanciones ni correcciones en las deficiencias de los servicios públicos. “Del total de multas aplicadas desde 1993 hasta 2006, sólo se ha abonado el 2,1 por ciento”, admite la CNC.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene a su cargo el control del transporte automotor y ferroviario de pasajeros. Pero para las concesionarias de los trenes del área metropolitana, donde viajan por día más de un millón de personas, está –de hecho– permitido el incumplimiento de los contratos, ya que la CNRT ni siquiera tiene un reglamento de penalidades para esos servicios.

Las propietarias de los colectivos tampoco tienen de qué quejarse. Como método de “estímulo” para reparar los incumplimientos, la comisión incentiva a las empresas eliminándoles el monto de las multas. Pero el incentivo sólo funciona para ahorrarles dinero a las licenciatarias, ya que el mecanismo “no funciona como modificador de conductas para evitar que se cometan faltas de igual naturaleza a las que originaron la sanción”, dice la SIGEN. El presupuesto para este año de la CNRT es de 30 millones de pesos.

• El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) es el monumento al incumplimiento. Tanto del controlador como de los controlados. Al menos cuatro informes de la propia SIGEN y de la Auditoría General de la Nación denunciaron en los últimos dos años que ese organismo permitió la renegociación de los contratos de las rutas nacionales a las mismas concesionarias que habían incumplido con sus obligaciones. Ocurre que el Occovi nunca les aplicó una sola multa, pese a que el mismo ente había detectado irregularidades. Según se desprende de la auditoría que realizó la sindicatura, los empresarios pueden respirar tranquilos si son sorprendidos faltando a sus deberes: este organismo archiva las actuaciones en las que se evalúan las faltas, incluso antes de que los técnicos determinen si corresponde o no la aplicación de una sanción.

• Aeropuertos Argentina 2000, del amigo presidencial Eduardo Eurnekian, administra los estaciones aéreas del país. Tiene un ente regulador exclusivo para él: el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Entre sus obligaciones como concesionario, AA2000 debe informarle al ORSNA todo lo que hace o deja de hacer: inversiones, movimientos de aviones, estadísticas de pasajeros, incidentes de seguridad. Con esa información, el ente controla. Pero Eurnekian no aporta la información.

El 80 por ciento de las sanciones que recibió fueron por incumplir con esa premisa. “Pese a ello, no se ha logrado que el concesionario modifique su conducta”, señala la SIGEN. Pero el incumplimiento no desvela al ORSNA. “Se observa que las sanciones aplicadas representan un porcentaje relativamente bajo respecto de los incumplimientos detectados”, agrega el informe.

El ORSNA gasta por año unos 17 millones de pesos para no obligar a AA2000 a respetar las reglas. Pero en el deficiente mundo regulador, éste es el mal menor: su presupuesto es el más bajo de todos los entes.

• Ante la pregunta sobre la efectividad de la aplicaciones de sanciones, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad respondió “no sabe/no contesta”.

Aunque es su misión, el ENRE le explicó a la SIGEN que no tiene “parámetros establecidos que permitan evaluar la efectividad de las sanciones” que aplican a las empresas Edenor, Edesur y Edelap. No sólo desconoce el resultado de las multas, sino que se toma su tiempo para meditar su aplicación: un promedio de 40 meses para determinar si corresponde sancionar a las concesionarias por fallas que afectan a la seguridad pública.

• En la historia de las concesiones que dependen del Ministerio de Planificación, hubo muy pocos casos caso de rescisión de contratos ligada a los incumplimientos reiterados.

Uno de ellos es el caso de Aguas Argentinas, que hasta 2006 estuvo en manos del Grupo Suez, de capitales franceses y españoles. En rigor, el Gobierno rompió el contrato después de que la propia empresa anunció que se retiraba del país.

El grupo se fue de la Argentina en medio de un escándalo, pero nunca pagó ninguna de las 546 multas que le aplicó el ex Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), disuelto luego de la anulación del convenio.

No sólo Aguas Argentinas fue perezosa a la hora de realizar las inversiones que le exigía su contrato. También lo fue el ETOSS a la hora de castigarla: el ente llegó a tomarse hasta 3.932 días –más de diez años– para dictar una multa, cuando la ley lo obligaba a hacerlo en un mes.

 Una presentación de la Coalición Cívica contra el Occovi

Uno de los capítulos de la falta de controles sobre las empresas concesionarias de servicios llegó ayer a la Justicia. Diputados de la Coalición Cívica denunciaron a la directora del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Emma Albrieu, y a su antecesor, Claudio Uberti, por fraude en perjuicio del Estado y violación de los deberes de funcionario público por irregularidades en la entidad que debe controlar el sistema vial.

Los diputados Adrián Pérez, Juan Carlos Morán, Fabián Peralta y Elsa Quiroz solicitaron que la Justicia intervenga el organismo para “proteger el patrimonio público y evitar maniobras irregulares en octubre próximo, cuando caduque el 90% de la concesión de las rutas nacionales”.

Los legisladores basaron su denuncia en dos informes de la Auditoría General de la Nación y uno de la SIGEN donde se advirtieron irregularidades en el órgano encargado de controlar los contratos de los casi diez mil kilómetros de rutas concesionadas. La denuncia recoge algunas de las faltas en las que incurrió el Occovi: “Incumplimiento en el control de calzada, la falta de mediciones y controles parciales y sospechosos gastos del 63% en corte del pasto y mantenimiento de bosquecillos”.

Además, la denuncia cuestiona que en 2003, cuando se renovaron las concesiones, el organismo recategorizó grandes tramos de rutas, “que pasaron de calificación A (en buen estado y con mantenimiento a cargo de las concesionarias) a B (deteriorada, su arreglo lo debe hacer el Estado)”.

 

 

 

 

Fuente: Crítica de la Argentina

 

 

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