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Tarifas en revisión
23/05/2008

No es la primera vez que los funcionarios kirchneristas estudian un aumento de tarifas de electricidad y gas para los hogares. Pero quizás esta vez se decidan a elevar esos precios congelados desde 2001 como parte de las señales que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere ofrecer para revertir el clima de negocios incierto. Algunas de esas señales se discuten con los empresarios con miras al Acuerdo del Bicentenario, que se firmaría el 9 de julio, pero sobre las tarifas sólo se debate puertas adentro del Gobierno. En los últimos dos días, las acciones de las empresas gasíferas y eléctricas experimentaron una fuerte suba en la Bolsa porteña.

El incremento es esperado por analistas que abogan por que se gaste menos en subsidios y se ajuste así la política fiscal como medio para combatir la inflación. Habrá que resolver cómo se resguarda del aumento de tarifas a los pobres, ya sean 20% o 30% de los argentinos. Las tarifas dejaron de ser el principal reclamo de las empresas europeas, según fuentes diplomáticas. Ahora la prioridad es el default con el Club de París, que ya lleva más de seis años y encarece el financiamiento de las inversiones y el comercio exterior de los países acreedores.

En la reciente cumbre eurolatinoamericana, el vicepresidente corporativo de la alemana Siemens, Reinhold Achatz, dijo a LA NACION: "Hay un gran potencial en la Argentina, estamos interesados en invertir, pero hay que crear una situación en la que todos ganemos". Dijo que su empresa había adoptado medidas para evitar coimas, como las que habría pagado en el pasado. Cristina Kirchner sigue con los encuentros preparatorios del Acuerdo del Bicentenario.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, lideran la negociación. Los empresarios le transmiten su respaldo a una presidenta que debe gobernar tres años y medio más. Algunos, además, comparten la fe en el modelo económico. Pero le expresan problemas relevantes: una inflación que el Gobierno niega y unas expectativas deterioradas que hieren la inversión. Esas expectativas no sólo tienen que ver con los precios que suben más del 20%, sino con el conflicto del campo y el temor al debilitamiento político de la Presidenta. Además, le advierten que sin el sector rural no habrá pacto social. Fuera del acuerdo queda la preocupación de empresarios y gremialistas por una discusión salarial que continúa y puede reanudarse a fin de año. Funcionarios reconocen que la inflación es alta, pero que se amesetó. Para combatirla, creen que la política fiscal puede ayudar, pero apuestan a derrotar las expectativas y ampliar la oferta con el Acuerdo del Bicentenario, que incluiría medidas pro mercado con apoyo sindical: nueva ley de accidentes de trabajo, desgravación de las ganancias reinvertidas, repatriación de capitales para la inversión y creación del consejo económico y social.

 


Fuente: La Nación

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