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Energía: salidas de emergencia y escasez, según un papel oficial
15/04/2008

Está bien claro: a pesar de todas las evidencias, nunca el Gobierno admitirá los muy serios y recurrentes sofocones con el sistema energético, ni mucho menos empleará la palabra crisis. Pero como no es posible filtrar cada cosa que se dice, hay algunas frases que se escapan del regimentado discurso oficial. Tres recientes: "Preservar los escasos recursos disponibles". "Energía eléctrica de emergencia". "Sobrellevar la situación crítica existente".

Aparecen en una nota interna de la Secretaría de Energía donde fundamentan las multas para aquellas industrias que, el año pasado, excedieron los consumos de electricidad pautados por el Gobierno. Se las acusa, precisamente, de haber comprometido "los escasos recursos disponibles".

La frase que sigue dice: "Aquellos demandantes que han incumplido y/o desobedecido las instrucciones, han podido llevar al sistema eléctrico a una situación tal que (pudo ser peor) de no mediar los esfuerzos realizados, el aporte extraordinario de combustibles sustitutos del gas natural y la energía eléctrica de emergencia que han brindado los países vecinos para sobrellevar la situación crítica existente...".

Es una lectura simple de ambas consideraciones que el sistema ni por asomo luce parecido a lo que afirma el discurso oficial, sino tal cual hace tiempo alertaron especialistas privados. Y un mensaje implícito, que las multas de ahora fuercen a las industrias, este invierno, a respetar las restricciones al consumo.

Pero que duda cabe de que aquí hay una notoria escasez de gas y que, así, muy probablemente reaparecerán los cortes a las empresas, para evitar que el problema se proyecte a las casas de la Capital y el GBA.

El faltante será crudo este invierno, ante la imposibilidad de Bolivia de proveer todo el gas que comprometió en el contrato firmado en tiempos de Néstor Kirchner. Eso sí, el escaso que llega cuesta, desde abril, 7,795 dólares el millón de BTU (la medida técnica que se usa), casi 8 veces más de lo que se les paga a los proveedores locales.

Se sabía, desde aquel momento, que Evo Morales no iba a poder cumplir el convenio: no tenía suficiente gas como para abastecer, según el orden de prioridades vigente, la demanda interna de su país, a Brasil y por último a la Argentina. En el mejor de los casos, vienen 3 millones de metros cúbicos diarios contra 7 millones del contrato.

Así, entre la falta de gas propio y las carencias bolivianas, ahora se repetirá el fenómeno aludido en la nota de la Secretaría de Energía: habrá un "aporte extraordinario de combustibles sustitutos" que el país importa para hacer funcionar las centrales térmicas. Según cálculos privados, el operativo podría llegar a costar hasta .000 millones de dólares.

En la cuenta entran propano, gasoil y fuel oil, más la electricidad que provean Brasil y Uruguay. En fin, grandes cantidades de productos energéticos para las industrias y la generación de electricidad. Y una buena parte provistos por la estatal venezolana PDVSA, que, actuando como un simple broker, adquiere los combustibles en otros lugares del mundo -desde Brasil a Rusia- y se los vende a la Argentina a precios de mercado.

Idea que se le atribuye a Guillermo Moreno e implementará YPF, esta vez también se importará gas natural líquido (GNL). A un altísimo costo, será transformado en gas por barcos de la petrolera española, durante los picos de demanda del invierno.

Todo bien parecido a un operativo de emergencia y a los apurones conocidos. Nada asimilable al "no hay ningún tipo de inconvenientes" que pregona el ministro de Planificación.

Igual que el kirchnerismo, Julio De Vido lleva cinco años en el poder. Y si durante todo ese tiempo hubo algo ausente fue, precisamente, planificación o por lo menos acierto en la planificación. Los apremios que se ven en los hechos ya habían sido anticipados, en 2004, por varios analistas privados.

Tardía reacción oficial también sería la de aplicarles, recién ahora, fuertes aumentos de luz y gas a los grandes consumidores domiciliarios. Gente cercana al propio Gobierno dice que eso debió haberse hecho en 2005, sin esperar a que fuese por completo evidente el enorme derroche en capas de alto poder adquisitivo, que pagan tarifas subsidiadas por todos los contribuyentes.

Los precios diferenciales en los servicios públicos, los subsidios limitados a sectores que los necesitan, la carga impositiva que distingue entre quienes más y menos tienen figuran entre las políticas de redistribución de los ingresos.

Todo esto se sabe desde mucho antes de la suba de las retenciones; desde ya, antes de la actual fase del kirchnerismo. La redistribución del ingreso es una política de Estado siempre a mano, con independencia de cuándo se la descubra.

 

 

Fuente: Clarín

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