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El Salvador: Corte promueve anulación de concesiones geotérmicas e hidroeléctricas
03/12/2013
Presidente CCR presentará a la Fiscalía un estudio que pide la anulación de concesiones que no fueron otorgadas por la Asamblea, como la entregada a LaGeo, socia de Enel. La Corte de Cuentas ha promovido la anulación de las concesiones geotérmicas e hidroeléctricas que no fueron otorgadas por la Asamblea Legislativa, en base a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) y a la inexistencia de parámetros para controlar cuál es el beneficio de las que, hasta junio de 2012, la Superintendencia de Electricidad (SIGET) había hecho amparada en la Ley de Electricidad aprobada por la presidencia de Armando Calderón Sol en 1996.

Como primer paso la institución de contraloría pedirá – basada en un estudio que hicieron de las vigentes – a la Fiscalía que interponga un recurso de nulidad de pleno derecho en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte y, si es resuelto de acuerdo a los argumentos a sus argumentos, se creará el escenario para que el Parlamento comience de cero con nuevas concesiones y reglas de control sobre las utilidades que pueden reportar al Estado salvadoreño las empresas interesadas en explotar los  bienes públicos.

“(Se pretende que) esas concesiones no puedan continuar y se declaren nulas. Significa que ninguna entidad privada tendrá la potestad para explotar recursos públicos mientras la Asamblea no las otorgue o revise de manera adecuada”, explicó el director jurídico de la Corte de Cuentas, Armando Laínez.  Ha explicado que el propósito de ceder la explotación de recursos públicos es que el Estado tenga la máxima utilidad y pueda adquirir conocimientos cuando es incapaz de invertir, por falta de capacidad técnica o de dinero. “Tal puede ser la geotermia o los hidroeléctricos, pero en ambos casos deben existir reglas claras de los beneficios que se obtendrían”.

El 27 de junio la Sala de lo Constitucional invalidó los artículos 5 y 12 de la Ley de Electricidad por vulneración a los artículos 86, 120 y 131 de la Constitución que otorgan la potestad de concesionar bienes del Estado a la Asamblea a plazos definidos. El recurso que resolvió la Sala fue a propósito de las concesiones de la explotación de los campos térmicos de Ahuachapán y Usulután entregados a Gesal (hoy LaGeo) por la SIGET, en la administración del expresidente Francisco Flores, de ARENA, “porque invade competencias” del Congreso. Dicha cesión ha sido llevada ante tribunales internacionales porque Enel – socio de LaGeo – pretende tener mayoría accionaria en la empresa subsidiaria de CEL; hay además un proceso penal y civil abierto por la Fiscalía contra la compañía extranjera y ex funcionarios.

La Corte preguntó a la CEL, SIGET y a la Asamblea si han controlado el desempeño de las concesiones y si cumplen con el propósito de generar dividendos para el Estado, pero ninguna ha hecho fiscalizado. “No podemos establecer si las concesiones están dando los resultados que el Estado desea y la población salvadoreña también”. Según Laínez, el Legislativo ha debido crear leyes, desde que la Sala declaró la inconstitucionalidad, para regular las concesiones de los sectores mencionados pero no lo ha hecho, es decir que no se está “monitoreando la legalidad”.

La SIGET tuvo el otorgamiento de las concesiones a partir de la presidencia de Calderón Sol que estaba poniéndose a tono con la liberalización de la economía en la década de los 90 bajo el influjo del Consenso de Washingnton que predicaba la minimización del Estado ante el mercado y la privatización de servicios y bienes públicos con la máxima que los privados son mejores administrados. En dicha época también se iniciaron la dolarización, venta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y concesiones que sí pasaron por la Asamblea.

 

 

 

Fuente: ContraPunto

 

 

 

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