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Argentina: El camino a la seguridad energética
16/01/2012
El modelo de fuerte crecimiento económico puede verse afectado sin un plan de desarrollo que acompañe el proceso en materia de energía. El Gobierno viene dando respuestas en este sentido, pero es posible profundizarlas e imaginar otras.

 

Represas binacionales

Por Juan José Carbajales (Politólogo. Magister en Derecho Administrativo y docente UBA)

 

Aquella foto de 2006 de Kirchner, Chávez y Lula con las manos entrelazadas anunciando el lanzamiento del “gran gasoducto del sur” simbolizaba el interés por un proyecto ambicioso que no llegó a concretarse pero que denotaba un afán por la complementación energética regional que quedó fuertemente instalado. Así, en la reciente declaración de constitución de la Celac se incluyó, como uno de los ejes prioritarios, la integración energética entre los Estados miembro.

Este contexto en el Cono Sur debe insertarse, en nuestro país, en la modificación de la matriz energética con el fomento de energías renovables, el desarrollo de grandes y pequeñas obras hidroeléctricas y la promoción de nuevas centrales nucleares. Es que, independientemente del expectante escenario que se abre a partir de los recientes descubrimientos de gas no convencional (shale y tight gas) en la cuenca neuquina, existen importantes acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional para profundizar la diversificación de esa matriz. La generación eléctrica es, según su origen, 57 por ciento térmica, 37 por ciento hidráulica y 6 por ciento nuclear. El aumento de la cota de Yacyretá, la terminación de Atucha II y el inicio de una cuarta central nuclear, el prototipo Carem, las licitaciones de proyectos eólicos por Enarsa y la reactivación de centrales hidroeléctricas en las provincias, son aspectos positivos de ese objetivo.

En este marco se inscribe el reciente anuncio formulado por el Ministerio de Planificación sobre la apertura de la licitación de los estudios de factibilidad técnica y proyecto básico de los aprovechamientos hidroeléctricos de Garabí y Panambí, ubicados en la cuenca del río Uruguay en el tramo compartido entre Argentina y Brasil, uno de ellos en la provincia de Corrientes y el otro en la de Misiones.

El marco jurídico del proyecto se inserta en los términos del tratado de 1980 para el aprovechamiento de todo el tramo limítrofe, y cuenta con unos primeros estudios por Agua y Energía de 1988. Pero el marco político que posibilitó su relanzamiento puede ubicarse en el Acta de Copacabana de marzo de 2004 firmada por Kirchner y Lula.

Otro aspecto importante del anuncio, en esta etapa de estudios previos a la construcción, es que este proyecto fomenta la integración intangible entre ambas naciones, al generar un ambiente de trabajo binacional entre los diversos actores involucrados, a saber: las presidencias, los ministerios y secretarías con competencias en materia energética, las cancillerías y embajadas, la Comisión Técnica Mixta del proyecto y las empresas eléctricas del sector público. La reunión de Cristina Kirchner con los responsables argentinos y brasileños evidencia este clima de confianza y denota la importancia que ambas Presidentas le asignan a este proyecto (recuérdese que Dilma Rousseff fue secretaria de minas y energía del Estado de Río Grande do Sul y luego ministra del área con Lula).

Debe destacarse el papel relevante que desempeñan Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) y Electrobras, compañía brasileña de energía, en la ejecución del rol empresario del Estado en sectores estratégicos de la economía, cuyo fin no pasa primordialmente por la obtención de lucro sino por la concreción del bien común a través del desarrollo de infraestructura física que genere energía para el crecimiento socioeconómico de ambos países.

Este emprendimiento permitirá proveer a cada país de la mitad de la energía generada, que se estima en 2000 megavatios, con una inversión de 4200 millones de dólares y una generación de 7500 puestos de trabajo directos. También se persigue, al incorporar obras de interconexión, habilitar el uso total de esa energía para alguno de los dos países, indistintamente, según las demandas coyunturales de ambos mercados.

En definitiva, dada la importancia del desarrollo de la infraestructura energética en la integración con Brasil, no puede dejar de resaltarse este paso firme en la alianza estratégica con nuestro mayor socio político y económico, con quien tenemos una relación que incluye pero trasciende lo estrictamente comercial. Por ello, la materialización de este proyecto marca un salto de calidad en la consolidación de un Mercosur palpable y de una Unasur energéticamente integrada.

 

 

Empresa estatal

Por Marcos Rebasa (Especialista en servicios públicos -UBA)

 

La integración energética sudamericana ha tenido importantes avances en los últimos tiempos. Ello no es ajeno a una voluntad política de sus gobiernos en una época especial de grandes acuerdos en todos los ámbitos. En el terreno de los hidrocarburos encontramos luces y sombras con intercambios importantes entre países y proyectos de largo alcance todavía sin concretar. Eso nos lleva a considerar el tema desde nuestro propio desarrollo en el sector. Podemos destacar líneas generales y desafíos particulares y concretos. Como pauta general deberá reconocerse el esfuerzo realizado por el Gobierno desde el 2003 para abastecer adecuadamente al mercado y a la sociedad de los insumos derivados de estos combustibles. Sobre todo a partir de la crisis de oferta de gas del 2004, de la que no fueron ajenas las empresas productoras, con obras públicas de refuerzo en los gasoductos y políticas especiales para garantizar el abastecimiento. De igual manera en los derivados del petróleo, con importaciones momentáneas cuando fue necesario, y planes promocionales para alentar la producción de ambos hidrocarburos.

El desafío del sector proviene hoy de la necesidad de ir sustituyendo progresivamente las importaciones de gas y de algunos derivados del petróleo, por razones presupuestarias pero principalmente por motivos estratégicos. Somos conscientes de que esta problemática exige pasos medidos y ponderados, ya que su resolución no es simple, por el contrario está cargada de complejidades de todo orden y las definiciones al respecto implican consecuencias de mediano y largo plazo. Sin embargo, en tren de simplificar las alternativas, y a riesgo de reducir la cuestión, podemos pensar que enfrentamos dos caminos principales, con bifurcaciones posibles.

El primero de ellos es conceder precio a los productores, otorgarles algo más que el aliciente para producir con beneficios razonables, en una industria acostumbrada a grandes riesgos pero también a importantes ganancias y superrentas considerables. Esto no es una suposición: recientemente el gobierno de Neuquén, una de las provincias con mayor producción de hidrocarburos y con expectativas crecientes, abogó por precios equivalentes a los de importación de Bolivia, alrededor de 10 dólares el millón de btu, cuando el promedio del plan Gas Plus para nuevos yacimientos o exploración de shale gas es de 5 dólares el millón de btu. Esta alternativa posiblemente promueva la exploración que se requiere urgentemente, aunque los tiempos los controlarán las empresas de acuerdo con sus intereses y conveniencias circunstanciales.

Los inconvenientes de esta solución radican en dos órdenes de cuestiones: la primera está vinculada con el impacto de esos precios en la evolución de nuestro crecimiento económico, en una etapa delicada del favorable proceso ocurrido hasta el presente, debido a la situación de la economía internacional. Si bien todavía el gas que se consume proviene mayormente de yacimientos anteriores, a precios promedio de 2 dólares y medio el millón de btu, lo que afianza nuestro desarrollo, el agotamiento de las cuencas hace necesario recurrir cada vez más a gas nuevo, con los valores que hemos referido. La otra consecuencia de esta vía es la consolidación de un esquema de producción empresario totalmente privado, en un insumo estratégico para el país, con las consecuencias de todo orden que ello implica para el país. Camino que no han recorrido los otros países con recursos hidrocarburíferos importantes en Sudamérica.

La otra ruta posible en esta cuestión reside en insuflar fondos públicos para acelerar el proceso de exploración y, finalmente, de explotación de estos combustibles. No se trata de prescindir de la inversión y actividad privada, por el contrario de acompañarla, alentarla, limitar los riesgos y cuellos de botella (como el equipamiento nuevo y muy caro para la exploración de shale y tight) que enfrenta. Porque el tiempo es un factor esencial para la sustitución antes comentada.

Esta senda tiene sus ventajas: en la medida que la empresa nacional que se cree a tal fin, que en nuestro pensamiento debe contener una importante participación privada, con control estatal, logre apresurar la actividad exploratoria, el país podrá acceder a suficientes recursos de gas y petróleo para respaldar su economía, pero a precios razonables. Y al mismo tiempo nuestra sociedad podrá volver a contar con una herramienta estratégica de desarrollo. Al mismo tiempo lo público no será antagónico de lo privado, sino su colaborador en una cuestión de alto interés nacional. Valor estratégico que adquiere una nueva perspectiva en la medida en que los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina, que últimamente son la atracción empresaria, son un hecho parangonable en nuestro país, salvando algunas distancias, con los extraordinarios yacimientos del presal brasileño.

 

 

 

 

Fuente: Página/12

 

 

 

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