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Mega hidroeléctrica enfrenta a Brasil
06/09/2011
Varias tribus se verían afectadas; la constructora destaca desarrollo económico. Los primeros efectos de la construcción de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo ya se notan en las calles de Altamira: el trasiego de vehículos es infernal y los precios de los alimentos suben sin parar.

La gran polémica medioambiental que azota al Amazonas brasileño responde al nombre de Belo Monte. Tras más de 35 años de vaivenes y discusiones sobre la viabilidad y el impacto socioambiental del proyecto, el pasado junio arrancaron las obras para construir en el cauce del río Xingú la tercera mayor hidroeléctrica del mundo.

La obra, que se lleva a cabo en el nórdico Estado de Pará, en el corazón del Amazonas, tiene una envergadura comparable a la del canal de Panamá y afecta a varias etnias indígenas y a un par de localidades que viven en una apacible precariedad desde su fundación hace más de un siglo. Mientras el gobierno brasileño y el consorcio responsable de la construcción y explotación de la hidroeléctrica, Norte Energía, aseguran que Belo Monte contribuirá a subsanar las deficiencias energéticas de Brasil y que llevará el desarrollo económico a una región deprimida, grupos medioambientales y sectores indigenistas, espoleados por una reciente condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al proyecto, no cejan en su propósito de paralizar las obras.

 

 

Infraestructura

Altamira es la localidad donde se concentra el grueso de las organizaciones que se oponen a la construcción. Con la llegada de los primeros contingentes de maquinaria pesada, el municipio se ha convertido en un hervidero de activistas que, bajo el paraguas de la plataforma Xingú Vivo, se fajan diariamente para forzar la paralización del proyecto. Ya se perciben en las calles de Altamira: el trasiego de vehículos es infernal, encontrar una habitación disponible en la precaria oferta hotelera de la ciudad se ha convertido en misión imposible y los precios de los alimentos han subido vertiginosamente. Se calcula que la población de Altamira, que ronda los 100.000 habitantes, se vea duplicada.

Ante el desembarco progresivo de una población flotante de medio y alto poder adquisitivo, en Altamira no paran de florecer nuevos negocios, algunos inusitados en la región, como el primer prostíbulo. "Nuestro público es gente con cierto nivel económico. Aquí no entran peones con aliento a cachaca", explica un empleado.

Por ahora, lo único perceptible es una discreta eclosión demográfica y un crecimiento desordenado de la economía local, aunque tanto el Ejecutivo de Brasilia como Norte Energía anuncian unas extraordinarias mejoras en infraestructuras, saneamientos, educación, salud pública y, en general, en la calidad de vida de Altamira y alrededores.

"Todo el mundo imagina el Amazonas como un paraíso natural, pero, como se puede constatar en Altamira, la realidad es muy diferente", afirma Joao Pimentel, director de Relaciones Institucionales de Norte Energía.

Guerra. Uno de los territorios indios que recibirán el impacto de Belo Monte está ocupado por la etnia juruna. La atmósfera en el poblado es decadente y buena parte de las personas carecen de rasgos indígenas. Aunque no son numerosos en esta comunidad, los juruna se oponen frontalmente a la construcción de Belo Monte porque, según ellos, su territorio quedaría anegado y no tendrían otra alternativa que buscar otro lugar para vivir. La líder de la aldea, Sheyla Jakarepi Juruna, declara: "Se han producido continuas violaciones de nuestros derechos, como el de ser consultados ante un proyecto de esta magnitud".

A la opinión de Sheyla se unen las de otros conocidos líderes indios amazónicos, como el mediático cacique Raoni, de los kayapó, que viene vaticinando un baño de sangre. Según el anciano jefe, las tribus están preparadas para ir a la guerra. Norte Energía, sin embargo, le resta trascendencia a la oposición indígena y cifra en 2.200 el número de indios que viven en la zona afectada. "Podemos garantizar que no existirá impacto negativo en estas poblaciones. No inundaremos ningún área indígena ni se producirán desplazamientos de estas comunidades. Todo lo contrario: se beneficiarán de nuestros programas de mejoras", abunda Pimentel.

 

 

Objeciones

Norte Energía admite que la construcción de la hidroeléctrica complicará la situación en varios barrios de Altamira que ahora quedan inundados durante los períodos de lluvias y crecidas del río Xingú. Las ONG que se oponen a la construcción de la presa afirman que estas familias tendrán que abandonar sus casas y ocupar tierras en otras áreas aumentando el voltaje de un conflicto agrario que hostiga al Amazonas. Norte Energía replica que dentro del paquete de compensaciones se incluye el realojamiento de más de 5.000 familias.

Otro de los grandes cuestionamientos al proyecto se refiere a un tramo de unos cien kilómetros del río Xingú, que según algunos estudios de impacto en la cuenca hídrica, experimentará una caída brutal de su caudal durante los meses de sequía estival. La consecuencia más inmediata sería que este tramo quedaría impracticable para la pesca y la navegación.

La tercera gran objeción tiene que ver con la viabilidad económica. Norte Energía asegura que Belo Monte generará una media de 4.570 de energía firme, con picos de más de 11.000. Las organizaciones contrarias sostienen que estos números, combinados con el altísimo coste de la obra, convierten Belo Monte en un proyecto inviable y sin sentido.

Por este motivo, varios análisis coinciden en que esta hidroeléctrica, para ser verdaderamente rentable, deberá contar con el apoyo de presas similares en otros puntos del río Xingú. Conclusión: el gran temor radica en que Belo Monte solo sea la punta del iceberg, la primera de una serie de obras que alterarían irreversiblemente el curso y los equilibrios internos de uno de los mayores afluentes del río Amazonas.

 

 

Las cifras

• 100 mil: Es el número de nuevos habitantes que llegarían a Altamira para la construcción de la represa; duplicará la población actual.

• 2.200: Es el número de indios que viven en la zona afectada por la construcción de esta obra, según el Consorcio Norte Energía.

Alertan desocupación a futuro

Según Belo Monte, unas 20.000 personas trabajarán en el levantamiento de la hidroeléctrica durante el período de máxima actividad. Ambas partes en conflicto coinciden en que la población actual de Altamira se verá duplicada. Pero una vez que acabe la obra y caiga en picada la demanda de trabajadores, ¿qué sucederá con estas 100.000 personas? "Nos encontraremos con una cantidad enorme de parados que aumentarán las ocupaciones ilegales de tierras indígenas o de áreas protegidas, y esto agravará el conflicto agrario en esta región y, sin duda alguna, los niveles de deforestación", vaticina la activista Renata Pinheiro. "Paralelamente a Belo Monte habrá otras grandes obras que también necesitarán mano de obra", rebate Joao Pimentel, director de Relaciones Institucionales.

Llaman a gobierno a cumplir acuerdo

 

Altamira pide colaboración para realizar obras

Con el inicio de las obras de la hidroeléctrica, Altamira se enfrenta al caos interno. Hoy en día, la ciudad no cuenta ni con una red de alcantarillado. La capacidad hospitalaria está al borde del colapso y el pequeño aeropuerto no soportará en breve el aumento del tráfico aéreo que ya se hace notar. Norte Energía deberá solventar todas estas deficiencias con el cumplimiento de 40 condiciones, aceptadas por el gobierno brasileño y por el propio consorcio, que se traducen en obras de infraestructura y mejoras para el municipio en varios asuntos clave. Según los contrarios a Belo Monte, las obras ya han comenzado y Altamira aún no ha recibido ninguna contrapartida.

"Las 40 condiciones están relacionadas con la preparación de la región desde el punto de vista sanitario, educativo, de seguridad, de la protección de áreas reservadas. Si no se cumplen y las inversiones siguen aumentando en esta zona, el crecimiento se producirá de manera desordenada. El resultado de esto será el aumento de las tensiones sociales. Ya lo estamos viendo en personas que viven en áreas que quedarán inundadas y que se están asentando en terrenos públicos y privados. También en los conflictos relacionados con la madera y el aumento de los precios de muchos productos", denuncia Marcelo Salazar, coordinador del Instituto Socioambiental en Altamira.

"Altamira tiene necesidades básicas no atendidas: por ejemplo, hay un alto desempleo y no hay sanidad ni alcantarillado. Las condiciones que debemos cumplir tienen un cronograma y algunas de ellas no serán realidad hasta que la hidroeléctrica opere. Hay dos fases cruciales: en 2015 y la última en 2019. En este segundo momento habremos cumplido con el ciento por ciento", replica el director Joao Pimentel.

 

 

Fuente: El País

 

 

 

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