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Puerto Rico: Mano dura para los que se roban la luz y el agua
08/04/2011
Radican proyecto para enmendar el Código Penal, a los fines de imponer penas más severas. Los ciudadanos que traquetean con los contadores de la luz o del agua para cometer fraude piénsenlo dos veces, pues si la Legislatura aprueba una medida ante su consideración podrán pasar hasta tres años en la cárcel.

El  Proyecto del Senado 2043, de la autoría del  presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, propone enmendar el Artículo 169 del Código Penal  para disponer que toda persona que  altere, interfiera u obstruya el medidor o contador de agua, gas, electricidad u otro fluido, con el propósito de defraudar a otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado, lo que conlleva una  pena de reclusión que fluctúa entre seis meses un día hasta tres años.

Hoy día, este tipo de delito está tipificado como un delito menos grave.

El proyecto legislativo explica que el  hurto o apropiación ilegal de servicios de agua y energía eléctrica ha aumentado en los últimos años, resultando en pérdidas millonarias para  la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"En la medida que el hurto de agua y energía eléctrica afecta las finanzas de estas dos corporaciones públicas, se afectan, directa o indirectamente, los ingresos del erario, porque a pesar de que  dichas corporaciones generan sus propios fondos, la estabilidad, presupuestos y obligaciones de ambas están garantizadas por el Gobierno", destaca el proyecto.

Señala  también que  el hurto de agua y energía eléctrica tiene un elevado costo social porque dicha conducta refleja  patrones de pensamiento y comportamiento antisociales, basados en el fraude y la irresponsabilidad ciudadana. De hecho, la medida sostiene  que el hurto de estos servicios implica un costo oculto en las facturas de luz y agua para los usuarios y abonados responsables de dichos sistemas.

Para combatir este grave problema, la legislación destaca que la AEE, por ley, puede imponer  penalidades administrativas de hasta $10,000  a toda persona natural o jurídica que viole o induzca a que se viole cualquier disposición de un reglamento o  altere el sistema eléctrico de forma tal que no pueda hacer su medición de consumo real.

En el caso de la AAA, no existe una disposición legal  similar.  Los casos de hurto o apropiación ilegal de agua y de instalación de tomas o descargas clandestinas que son tramitados en los tribunales no son procesados bajo una ley especial, sino como violaciones al reglamento de dicha Autoridad y como violaciones al  Código Penal, pero como un delito menos grave.

 

 

 

Fuente: El Nuevo Día

 

 

 

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