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Cedieron las eléctricas para negociar por el pago del canon
03/11/2010
Las empresas rebeldes, que ya son 6, acordaron con De Vido pagar bajo protesta y discutir los aumentos. Las empresas retobadas ante el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), que hasta ayer no habían pagado el canon en disconformidad con los aumentos de las cuotas decididos por el organismo, cedieron anoche para permitir una negociación. Edenor, Edesur, Edelap, Transener, Transba y Distrocuyo, las principales rebeldes, decidieron entonces pagar "bajo protesta" y se sentarán en los próximos días a conversar con el Ministerio de Planificación y el ente.

No había sido un día tranquilo. Las cotizaciones de las acciones de las empresas del sector habían caído hasta un 4% como consecuencia de los desencuentros. La salida se vislumbró por la noche, con la intervención del ministro de Planificación, Julio De Vido, por pedido de las compañías: se creará una comisión para discutir el tema y los díscolos depositarán los fondos hoy por la mañana. "Ojo, se va a analizar el presupuesto del ENRE, que es lo que generó la discusión, no se va a poner en duda la conveniencia del canon", aclaró a este diario un vocero del Ministerio de Planificación.

De Vido había estallado de furia por la mañana, cuando vio publicada la noticia de que las empresas no habían pagado los fondos con que sostienen al ENRE porque objetaban la suba en el presupuesto: casi el doble desde 2008 hasta hoy sin la aplicación de incrementos tarifarios con los que afrontar los nuevos costos.

El ministro llamó entonces bien temprano a Alejandro Macfarlane, presidente de Edenor y de la Asociación de Distribuidoras, que le comunicó que las compañías pedirían formalmente, en un documento que ya habían empezado a redactar, su protagonismo para solucionar el tema. Ni el funcionario ni Macfarlane tienen una buena relación con Mario de Casas, interventor en el ENRE, el único hombre de confianza de Julio Cobos que pudo sostenerse en el Gobierno tras el fracaso de la resolución 125 y que quedará ahora, probablemente, en una situación de debilidad.

La objeción de De Vido fue antes que nada semántica. Le molestó, por ejemplo, que este diario dijera que las empresas se rebelaban ante el ente y decidían de común acuerdo, por primera vez en la historia, incumplir la última cuota del canon anual ($ 2,4 millones en el caso de Edenor y Edesur). Rebelar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, "oponer resistencia" o "sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida". Pero el momento político de la Argentina es excesivamente sensible y las palabras cuentan más que nunca.

El ministro echó mano a un recurso que el Gobierno maneja desde 2003 como propio: mediante un cable de la agencia Télam, ratificó la existencia del conflicto en todos sus detalles, pero acusó a este diario de "escribir una novela que no guarda relación con la realidad". El arquitecto volvió entonces sobre los verbos y sus significados: "Se rebelan los ciudadanos, no las empresas", dijo.

Le recordó además al sector los posibles costos de desacatar una orden. "Las empresas no se rebelan: cumplen o incumplen los contratos -dijo-. Si incumplen, se aplicarán las sanciones que correspondan, incluso la rescisión. Si hay discusiones sobre algún tema presupuestario, siempre existen vías administrativas, e incluso judiciales, para resolverlos. No nos ha temblado el pulso a la hora de sancionar incumplimientos, como lo hicimos en los casos del Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Thales Spectrum, Fibertel y los ferrocarriles del Metropolitano."

Mientras tanto, desde el ENRE se comunicaban con empresas para explicarles que los trascendidos del conflicto no le habían hecho bien a nadie. Y volvieron a optar por el silencio ante la consulta de este diario.

Por la tarde, antes de llegar a un acuerdo con el ministro, Macfarlane había intentado atenuar los alcances y la intensidad de la pelea. "Esto trascendió por algún motivo y se interpretó de una manera exagerada -dijo, en comunicación con radio Mitre-. Me parece que no es más que una cuestión que tomó una trascendencia que no debería haber tenido frente a un reclamo que hacemos nosotros, que consideramos justo porque, finalmente, todas las compañías en el año 2005 pagábamos 23 millones de pesos, y ahora pagamos casi 100 millones en los últimos cinco años, y nosotros lamentablemente tampoco hemos tenido esos incrementos tarifarios como para soportar estos mayores costos."

 

Una muestra de discrecionalidad

Los entes reguladores del gas y de la electricidad fueron creados por ley y sus directivos deben ser designados en concursos de oposición y antecedentes. Se cumplió en los primeros años y dejó de hacerse con la llegada de Eduardo Duhalde al poder. El kirchnerismo los transformó en una dependencia más del Ejecutivo.

La ley que los creó dispuso que debían tener financiamiento propio para sus tareas. En todo caso, si tuvieran excedentes, deberían devolverlos a los consumidores en la forma de bonificación de las tarifas.

Pero no es lo que ha ocurrido. En tiempos de magra recaudación, durante el menemismo, los presupuestos dispusieron que si alguien tenía recaudación superior a la prevista, debía donarle el 30% al Tesoro.

El kirchnerismo mantuvo esa imposición, que es legal. La ley de creación y financiamiento de los entes es modificada por una ley posterior, que es la de presupuesto.

Es menos razonable hacer eso cuando en el país hay superávit y crecimiento. El truco de hacer cálculos groseramente pesimistas sobre los ingresos para luego repartir el "excedente" con total discrecionalidad es una tradición kirchnerista. Y en el camino, a la mayoría de los organismos con recursos propios les quitan un porcentaje. Esta semana le pasó lo mismo a la Prefectura Naval, cuando le autorizaron a consumir algunos "excedentes". Unos dos millones de pesos fueron la tajada para el Tesoro. Y otro tanto para una empresa privada a la que no se identificó.

No es ninguna novedad en la actual administración, que, además, obliga a organismos con recursos propios como el ENRE a comprar títulos públicos para financiar, otra vez, al Tesoro. Lo nuevo es que las empresas del sector se quejen de esa clase de manejos, que además también podría ser observado por las organizaciones de defensa de los consumidores.

Las prestadoras de servicios energéticos privatizados están muy quejosas por la falta de actualización de las tarifas que, dicen, perjudican enormemente sus balances. No ocultan su disgusto cuando ven cómo muchísimas de las facturas a sus abonados tienen montos ridículos, mientras otros precios se multiplican sin que el Gobierno reaccione.

Las quejas y presentaciones comenzaron antes, pero se conocieron después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Ese hecho cambia el escenario de cualquier puja y, probablemente, por eso, se acordó una tregua. Los distribuidores estaban también ilusionados con alguna recomposición tarifaria. Habrá que ver si eso también se alejó en la actual situación.

 

 

 

Fuente: La Nación

 

 

 

 

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