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Edenor, Edesur y Edelap se rebelan contra el ente regulador
02/11/2010
Disconformes con el uso de fondos del ENRE y la política tarifaria, no pagaron la última cuota del canon. Mario de Casas es un caso extraño del mundo kirchnerista: es el único funcionario de confianza de Julio Cobos que queda en el Gobierno tras el fracaso de la resolución 125. Interventor en el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), ingeniero mendocino, se lleva mal con casi todo el Ministerio de Planificación, donde lo bautizaron con un sobrenombre hiriente y alusivo a su ex jefe: "El traidor del traidor". El viernes pasado, Casas sufrió un infrecuente revés de parte de Edenor, Edesur y Edelap: por primera vez en la historia, las tres distribuidoras se negaron a pagar el canon e hicieron presentaciones contra el presupuesto 2010 del organismo, cuyo destino de fondos consideran ilegal.

La pelea empezó, en realidad, varios meses atrás, pero llegó al clímax hace dos semanas, cuando Edenor, después de presentar dos recursos administrativos y pagar tres cuotas del canon bajo protesta, insistió en un recurso de alzada pidiendo que interviniera la Secretaría de Energía. Edesur cumplió con el primero de estos pasos y continuará por el mismo camino. El viernes, ninguna de las dos pagó la última cuota, de $ 2,4 millones, y ambas planean ir a la Justicia en los próximos días. Edelap, en tanto, tampoco pagó, y explicó a este diario que no había depositado los fondos porque no tiene plata.

El canon es la contribución que hacen todos los agentes del sector, incluidas las generadoras y las transportistas, para mantener al ENRE, cuyas principales funciones son controlar el servicio, revisar cuadros tarifarios y resolver los reclamos de los usuarios.

La acusación que enfrenta el organismo, en este caso, es grave. Las distribuidoras se quejan de que subió un 74% -de 52,5 millones a 90,9 millones de pesos- el presupuesto en los dos últimos años, sin siquiera haber hecho la revisión tarifaria integral, proceso que debía hacerse mediante contratos con universidades. Según las planillas del Ministerio de Economía, el ENRE proyectó gastar este año 90,9 millones (un 18% más que en 2009), utilizó 77,6 millones y devolvió al fisco 13,4 millones.

Los documentos presentados por Edenor y Edesur consignan "ilegalidad del destino de fondos presupuestarios al tesoro nacional", con el argumento de que la ley 24.065 indica que el ente debe utilizar ese dinero sólo para solventar sus gastos de control y regulación, no derivarlo a otras áreas de la administración.

Consultadas por teléfono por este diario, personas del ENRE prefirieron ayer hacer silencio. Casas no había llegado de Mendoza, donde pasó el fin de semana.

Esperanza de distribuidora

El malestar del sector recrudeció en las últimas semanas, cuando todos advirtieron que no llegaban noticias sobre subas de tarifas domiciliarias que habían trascendido y debían haberse aplicado, según el cronograma del Gobierno, en agosto de 2006. La última campaña publicitaria de las distribuidoras sobre uso racional de la energía, por ejemplo, se hizo con la aprobación del Ministerio de Planificación y la esperanza de que las cosas cambiaran.

La decisión de no pagar estaba tomada antes de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Hace diez días, dos ejecutivos admitieron ante LA NACION que lo estaban evaluando. A Edenor y a Edesur les corresponden casi $ 10 millones anuales de canon cada una; el ente debe someter todos los años su presupuesto a consideración de todas las empresas, que lo pueden objetar. La queja de las demandantes es, entre otras, que el organismo envía desde hace varios años las cifras al Congreso sin consultar.

Según el presupuesto, los fondos se emplearon este año principalmente en gastos de personal ($ 53,6 millones) y en destinos diversos que suman $ 24 millones y que las empresas objetan: libros, revistas y otros elementos coleccionables ($ 88.790); pasajes y viáticos ($ 340.000); mantenimiento, reparación y limpieza ($ 1.980.400); otros servicios ($ 388.500); bienes preexistentes ($ 900.000); alquileres y derechos ($ 175.500); servicios técnicos y profesionales ($ 11.887.270); servicios básicos ($ 1.138.700); bienes de consumo ($ 1.220.000) y activos intangibles ($ 488.910), entre otros.

 

Las presentaciones de las empresas tienen cuatro puntos:

• "Existencia de omisión previa por parte del ENRE: la omisión antijurídica de publicar el proyecto de presupuesto para 2010, en clara violación del procedimiento dispuesto por el art. 65 de la ley 24.065.

• "Ilegitimidad de pretender sustituir la obligación derivada de la norma legal citada de exponer en forma detallada la apertura presupuestaria del ente, por un "cuadro resumen" que retacea, cuando no oculta, la información a suministrar.

• "Irrazonabilidad del aumento en el presupuesto del ENRE, a pagar, entre otros, por la compañía.

• "Ilegalidad del destino de fondos presupuestarios al tesoro nacional, por su abierta contradicción con disposiciones expresas de la ley nacional 24.065, en cuanto a que los montos presupuestarios deben destinarse exclusivamente a solventar los gastos del ENRE para el desempeño de sus funciones de control y regulación".

 

 

 

Fuente: La Nación

 

 

 

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