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Tarifa social y realismo energético
20/08/2010

Si se transforma en ley, el proyecto que discute el Senado protegerá con un subsidio explícito a las familias más vulnerables. Pero hay que asumirlo como parte de una recomposición tarifaria gradual, que alcanzará al resto de los consumidores.

El Senado avanza en un proyecto consensuado para fijar una tarifa social que alcance los servicios de gas natural, electricidad y gas licuado envasado (garrafas, cilindros). De transformarse en ley, el régimen cubre un vacío legislativo y cumple el rol de proteger con un subsidio explícito a las familias más vulnerables . Pero es necesario asumirlo como parte de un proceso gradual de recomposición tarifaria , que deberá alcanzar al resto del universo de los consumidores de energía.

Durante esta década hemos estado consumiendo el capital energético . Nos estamos quedando sin gas natural, la principal fuente de energía primaria (50%). Nos comimos la mitad de las reservas probadas. La recomposición del capital energético requiere de tiempo y mucha más inversión , sobretodo la inversión que repone reservas, añadiendo tecnología a los yacimientos en explotación y buscando nuevos yacimientos.

La recomposición gradual de precios y tarifas en la cadena de valor energética es parte de la tarea para relanzar esta industria, que por su naturaleza capital intensiva, es más sensible que otras a los caprichos políticos de corto plazo. Pero como el atraso tarifario es importante (los precios y tarifas de gas natural en Argentina son un quinto de sus comparativos regionales; y los de electricidad, un tercio) es necesario focalizar por indicadores socio económicos a aquellos hogares que necesitan de la energía como todos, pero que no están en condiciones de afrontar los costos de los ajustes que pueden venir.

Convengamos que en todos estos años, hubo una suerte de tarifa social generalizada, sobretodo para los consumidores residenciales de la Capital y el Conurbano. El esquema benefició más a los ricos que a los pobres .

El Gobierno intentó el año pasado empezar a recomponer las tarifas de gas natural y de electricidad. Se guió por el criterio de asociar consumo energético con ingreso. El nivel de consumo energético probó no ser un indicador relevante de nivel de ingreso. El Gobierno tuvo que volver atrás, y hoy sigue operando la tarifa social indiscriminada en los meses críticos de abastecimiento; con la contrapartida de subsidios que ahora se financian con emisión inflacionaria.

El proyecto de ley en cuestión escoge, correctamente, otros indicadores para determinar la vulnerabilidad socioeconómica : la composición, estructura, nivel de ingreso familiar, situación laboral y estado de salud de los integrantes del grupo familiar. Un mecanismo práctico para relevar estos indicadores (y otros, como vivienda propia, vivienda única, acceso a la TV por cable, etc.) es el envío de una encuesta con las facturas del servicio que deberán llenar los aspirantes al régimen con carácter de declaración jurada. Queda implícito que, de sancionarse el proyecto, los usuarios residenciales no alcanzados por este régimen especial, con independencia del nivel de consumo, estarán incluidos en el proceso de recomposición gradual de precios y tarifas.

Apremian los tiempos para ir trabajando ideas y generando consensos -que podrían ser materia de otro proyecto de ley- sobre las pautas que regirán esos ajustes. Una virtud del régimen que está en estudio es que incluye entre los potenciales beneficiarios a los consumidores de gas envasado (GLP). Así como hay provincias enteras que todavía no tienen acceso a las redes de gas natural (las del Noreste), también es cierto que en el decil de ingresos más altos de la población argentina, un 90% tiene acceso a las redes de gas natural; mientras que en el decil más bajo sólo un 40%. La mayoría de los pobres consumen gas en garrafa y, sin embargo, durante todos estos años de populismo energético han estado pagando entre 3 y 6 veces más el precio del metro cúbico equivalente al del gas natural .

Pero conviene no repetir con ellos la ilusión de la "garrafa social" que nunca está cuando hace falta. En este mercado, por sus particularidades, conviene no interferir en los precios y buscar que estos expresen condiciones más competitivas.

Los beneficiarios pueden recibir una tarjeta de débito . Cuando demanden una garrafa o un cilindro pagarán el precio del producto menos el descuento del subsidio acreditado en la tarjeta. El mecanismo ayudará a reducir el mercado informal para que las garrafas estén cuando se las demanda. Finalmente, se establece un financiamiento presupuestario para el régimen de tarifa social. Es más transparente que la alternativa del subsidio cruzado.

 

 

Por: Daniel Montamat (Ex Secretario de Energía y ex presidente de YPF)

Fuente: Clarín

 

 

 

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