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El país vive un estado de inseguridad jurídica energética
12/08/2010

El precio promedio mayorista controlado y pagado por los distribuidores de electricidad es equivalente a un tercio del costo medio operativo de producirla. En consecuencia, la electricidad se genera en la Argentina porque el Gobierno la subsidia, y su bajo precio esfuma las nociones de escasez y del costo de producirla para el 80% de los usuarios.

También las diferencias entre los precios nacionales y los internacionales son muy acentuadas. En electricidad, el costo promedio que pagan las distribuidoras argentinas es de 15 dólares por MWh, pero los costos en el mundo se proyectan entre 90 y 110 dólares por MWh, según la tecnología. En gas natural, el valor promedio que recibe el productor nacional equivale al 28% del que se paga a Bolivia.

Estos datos revelan la creciente inseguridad energética del país: la ausencia de señales de precio correctas deteriora las reservas de hidrocarburos; restringe y distorsiona la inversión, y los subsidios son fiscalmente insostenibles.

A pesar de acumular ocho años de carencias institucionales y políticas que ya produjeron tales resultados, resulta sorprendente que no haya mediado todavía una discusión profunda sobre el tema. Hoy, las reservas probadas de gas sólo alcanzan para siete años, y el margen de suficiencia del equipamiento generador de electricidad, en relación con la máxima demanda pico anual, es notoriamente precario: no alcanza al 10% del que se disponía en 2001.

Aquel debate es, entonces, urgente e imprescindible: se trata ahora de elaborar y avanzar, sin improvisar, aunque creativamente, en el camino crítico de las inversiones que se requerirán, por lo menos, hasta 2025.

 

Mayores costos y eficiencia

La nueva política deberá crear condiciones para recuperar reservas y equilibrar el mercado energético. En ambos procesos enfrentará mayores costos unitarios de inversión, dados los nuevos perfiles tecnológicos a utilizar: el gas natural proveniente de arenas compactas, por ejemplo, requiere multiplicar por no menos de dos su precio promedio actual; una granja eólica y una planta nuclear requieren entre cinco y seis veces más capital que una planta térmica alimentada por gas, de igual potencia efectiva.

Esos nuevos costos de capital y la reducción de los subsidios actuales aumentarán precios y tarifas y provocarán cambios, graduales o no, pero inevitables en las estructuras de costos y en la composición del gasto, si bien hay acuerdo general para subsidiar a sólo aquellos que se identifique como beneficiarios necesarios de una tarifa social. Pero allí no se agota el tema energético.

La corrección de los precios de la energía liberará recursos fiscales para financiar nuevas y grandes obras donde participe el Estado directamente (energía nuclear o proyectos binacionales de hidroelectricidad), o indirectamente, impulsando el desarrollo de tecnologías avanzadas en eficiencia energética masiva.

Sus mayores precios inducirán al ahorro de la energía y a su utilización con eficiencia creciente y menor consumo. El avance tecnológico en esta materia es prioritario en la agenda política del mundo y también es amplio, continuo, rápido y favorable para los usuarios. Si así sucediera en el país, su esfuerzo de inversión dejaría de estar dirigido a satisfacer márgenes de consumo ineficiente.

La eficiencia es una de las principales fuentes de energía en el mundo, y se estima que sus beneficios podrían ser equivalentes al 17% del consumo esperable en 2030. En la Argentina, eso sería equivalente a casi cinco veces la potencia nuclear en operación. Pero esos cambios no surgen sin la concurrencia de señales de precios propios de mercados competitivos, aun para las tarifas reguladas, y necesitan un Estado que elabore planes y dicte las normas de eficiencia.

La urgencia de la inversión energética asume que el tiempo que transcurre desde que se decide un proyecto hasta que se concluye fluctúa entre tres y ocho años, según las tecnologías que se apliquen y bajo condiciones normales. Elementos críticos para la Argentina, donde en el sector eléctrico, en el período 2012-2025, por ejemplo, se deberían construir obras hidroeléctricas por una potencia conjunta igual a casi siete veces la de El Chocón, dos grandes plantas nucleares en adición a Atucha II y plantas eólicas, térmicas convencionales o de tecnologías no contaminantes que permitan optimizar la oferta total de potencia eléctrica en todo momento, frente a una duplicación esperable de los requerimientos energéticos.

 

Esfuerzo inversor

Este menú no constituye un plan, pero facilita la comprensión del esfuerzo inversor que debería comenzar a corto plazo. La inversión promedio resultante de US$ 3200 millones anuales en generación eléctrica solamente sería algo inferior a un tercio de la inversión total anual previsible en energía entre 2012 y 2025, si se adicionaran las inversiones en hidrocarburos y la extensión de los servicios de transporte y distribución de energía para 7 millones más de argentinos.

La solución del problema energético excede la sola recomposición del atraso relativo de precios y tarifas. El progreso en eficiencia y una alta intensidad inversora son los otros componentes esenciales e interdependientes de la política. Su eficacia no será ajena a las virtudes institucionales que se desplieguen y de la capacidad de la dirigencia política para comprender el desafío inevitable de recuperar la seguridad energética para afianzar el desarrollo del país.

 

Por: Francisco Mezzadri (economista y consultor, y fue presidente de la Cámara Argentina de Inversores en el Sector Eléctrico)

Fuente: La Nación

 

 

 

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