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Más sospechas en la licitación de una represa en Neuquén
14/07/2010
Lejos de aplacarse, la polémica por la preadjudicación de la central hidroeléctrica Chihuido a Electroingeniería y CPC de Cristóbal López— dos empresas con fuerte vinculación con la Casa Rosada—sigue levantando temperatura con nuevas denuncias de irregularidades en la licitación.

Utilizando un inusual criterio de evaluación, a principios de junio la provincia de Neuquén y la Nación seleccionaron como ganadora a la propuesta de US$ 1.560 millones que presentó el consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, la brasileña OAS y las locales Hidrocuyo y Rovella Carranza.

Junto con el monto de la obra y el precio de la energía, uno de los ítems clave era la “mayor proporción de financiamiento privado”que ofrecían los grupos.

Basados en este último punto y pese que la oferta total fue muy superior a las que presentaron Roggio (US$ 1.247 millones) y Pescarmona (US$ 1.462 millones); los funcionarios le preadjudicaron la obra a Electroingeniería y CPC. Según la información oficial, la financiación ofrecida alcanzó al 66% a traves de un crédito del BNDES de Brasil de US$ 729 millones y otro del Banco de Córdoba de US$ 302 millones.

Para el diputado nacional Horacio Quiroga (UCR-Neuquén), “no hay razones que justifiquen la decisión de entregar la obra a la oferta con el precio más caro, la tarifa de energía más alta y el financiamiento más elevado”.

Quiroga denunció que “las autoridades que llevaron adelante la licitación le permitieron al ganador mejorar su oferta después de la apertura de los sobres. Además, todo indicaría que se modificaron las pautas de análisis y el contenido de la oferta para que aparezca como la más conveniente”.

La embestida de Quiroga para revisar la licitación de Chihuido fue apoyada por 8 diputados opositores con un proyecto de resolución para que el secretario de Energía, Daniel Cameron aporte toda la documentación del proceso licitatorio.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica) ratificó ayer ante el juez federal Ariel Lijo la demanda que presentó para que se investigue la supuesta connivencia que existe entre el Gobierno y las empresas K que se quedaron con Chihuido.

Morán advirtió que “no hay ningún financiamiento privado porque el tomador y garante final de los créditos será el propio Estado”. Según el legislador “la oferta de Electroingeniería y Cristóbal López fija expresamente que, en el caso del BNDS, el tomador del crédito es el Estado Nacional y no el consorcio privado”.

Agreó que “en el caso del Banco de Córdoba, la asistencia financiera al Estado está condicionada al otorgamiento de garantías que involucran recursos de la coparticipación federal y el contrato de venta de energía a CAMMESA”.

“El riesgo empresarial es inexistente y estamos ante una maniobra del Gobierno que beneficia a los empresarios amigos para que tengan un financiamiento que no pueden obtener en condiciones de igualdad con los otros oferentes”, destacó Morán.

 

Fuente: Clarín

 

 

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