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Sospechas en una obra millonaria
12/06/2010
La central hidroeléctrica de Chihuido que la provincia de Neuquen preadjudicó por US$ 1.560 millones a Electroingeniería y CPC de Cristóbal López –dos empresas que tienen llegada directa a la Casa Rosada– quedó envuelta en una fuerte sospecha y va camino a formar parte de una nueva denuncia que la oposición llevará a los tribunales.

Según las reglas licitatorias, uno de los ítems clave que se tomó en cuenta para la adjudicación del proyecto era la “mayor proporción de financiamiento privado” que ofrecían los consorcios.

Tomando en cuenta ese criterio y pese a que la oferta total fue muy superior a las que presentaron otros dos grupos, Neuquen –con el visto bueno de la Nación– definió como ganador al consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la brasileña OAS. Según indicaron las autoridades, la oferta incluyó una financiación del consorcio por el 66% del total que se va a cubrir con un crédito del BNDES de Brasil por US$ 729 millones y otro del Banco de Córdoba, por US$ 302 millones.

Tras analizar la “letra chicha” de la oferta, el diputado nacional, Juan Carlos Morán advirtió que “no hay ningún financiamiento privado porque el tomador y garante final de los créditos en juego será el propio Estado nacional ”.

“Chihuidos será para Neuquén lo mismo que ha sido Yacyretá para la Argentina, no por el aporte de energía, sino por el gran negociado que se esconde detrás de la obra”, afirmó Morán.

Según el legislador “la oferta de Electroingeniería y Cristóbal López fija expresamente que, en el caso del BNDES, el tomador del crédito es el Estado Nacional y no el consorcio privado ”.

Agregó “con el Banco de Córdoba, lo que aparece es una propuesta de asistencia financiera al Estado Nacional que está condicionada al otorgamiento de garantías que involucran recursos de la coparticipación federal y del contrato de venta de energía de la usina”.

Tras destacar que “estamos ante una financiación privada trucha”, Morán anticipó que junto a la diputada Fernanda Reyes llevará el caso a la Justicia para que se investigue la supuesta connivencia entre el Gobierno y las empresas que se quedaron con el millonario negocio de Chihuido.

 

Fuente: Clarín

 

 

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