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Aseguran que la energía no atrae inversiones
07/01/2010
La calificadora de riesgo estadounidense Moody’s advirtió ayer que la incertidumbre regulatoria obstaculiza las inversiones en la infraestructura eléctrica de la Argentina y restringe las calificaciones crediticias de las empresas de servicios públicos del sector.

Además, planteó que esta incertidumbre impide que las empresas “recuperen en su totalidad los costos”, por lo que tienen muy pocos incentivos para mejorar o ampliar su red eléctrica en Argentina.

En un comunicado, la analista de Moody’s, Daniela Cuan, dijo que “la falta de claridad reguladora y los mecanismos de recuperación de costos no solamente representan una potencial amenaza para la actual red de distribución eléctrica de la Argentina, sino que también podrían restringir el continuo crecimiento económico del país”.

La agencia calcula que la capacidad eléctrica del país será suficiente en 2010, con la perspectiva de que registra una “suave recuperación”, de acuerdo con las proyecciones de economistas privados, hombres de negocios y el propio Gobierno.

“En caso de que el crecimiento económico superara las expectativas, la capacidad de reserva del sistema podría verse comprometida”, señaló Moody’s en su informe.

Consideró que el segmento de generación de electricidad es el más afectado del sector por las políticas y restricciones de precios que prevalecen en la Argentina y añadió que los subsidios en los precios de la energía enmascaran los verdaderos costos de la energía.

Moody’s manifestó que las calificaciones que atribuye a las compañías eléctricas ya tienen incorporadas las expectativas de estas presiones sobre la generación de efectivo y no prevé cambios, por lo tanto, en sus evaluaciones.

La agencia explicó que las empresas de electricidad en Argentina tienen, en general, fuertes indicadores crediticios y niveles moderados de deuda, lo que debería dar soporte a las calificaciones actuales hasta las elecciones de 2011, que considera sería la primera oportunidad para que haya una reforma regulatorio real.

Las empresas de generación se encuentran, según sostienen, en una profunda situación de desfinanciamiento debido a demoras de casi dos años en pagos del Estado.

De acuerdo con fuentes privadas, hasta noviembre la deuda del Estado con el sector alcanzó los $ 1.840 millones. Pero por una norma que lanzó el Gobierno en medio de la crisis energética, Cammesa puede anticipar pagos a empresas que realicen inversiones en la renovación o ampliación de sus plantas. Es por eso que comenzaron a vender sus acreencias con el fisco a mitad de su valor, para asegurarse fondos más rápido.

Fuente: El Cronista

 

 

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