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El Gobierno no reglamentó la caída de los aumentos y le pega a Edenor
15/08/2009
Las distribuidoras no tienen directivas de los entes. Polémica con una eléctrica.

Tras haber tenido que dar marcha atrás con los tarifazos aplicados en los servicios de electricidad y gas, el Gobierno salió ayer a tratar de minimizar el costo político de los cambios pero sin poder ocultar los signos de improvisación y desprolijidad que ha mostrado en el manejo de esta conflictiva cuestión.

Las suspensiones transitorias de los aumentos que había anunciado el ministro de Planificación, Julio De Vido aún no fueron reglamentadas y lo más probable es que recién el lunes puedan salir a la luz las instrucciones regulatorias para que las empresas eléctricas y gasíferas se pongan a tono con la nueva realidad tarifaria.

En tanto, a la hora de buscar los responsables de los desmedidos aumentos en el servicio eléctrico, desde la cartera De Vido y del ENRE, el ente regulador del sector, salieron a señalar a los técnicos de la empresa Edenor por haber sido los que, supuestamente, diseñaron el esquema segmentado de subas que terminó aplicando el Gobierno.

Jaqueada por los reclamos de los usuarios residenciales, el avance de las demandas judiciales y el clima adverso en el Parlamento; la administración kirchnerista se vio obligada a ponerle un freno a los fuertes aumentos que se venían aplicando en las facturas de energía eléctrica y gas.

Para descomprimir la situación, el ministro De Vido armó una salida transitoria que consiste en la suspensión total de los aumentos que estaban previstos para los consumos de los meses de junio y julio. Y una suspensión parcial del 70% de las subas se tenían que cobrar en el período agosto-setiembre. Según los cálculos oficiales, esta medida tendrá costo fiscal de $ 493 millones por el restablecimiento de subsidios para los sectores eléctrico y gasífero.

Para no hacerse cargo de las idas y vueltas que se registraron con los aumentos, ayer los funcionarios de Planificación volvieron a desplegar el argumento inicial que De Vido había levantado contra las distribuidoras eléctricas.

Al anunciar la limitación de los incrementos, De Vido sostuvo que los problemas con los usuarios se produjeron por "la mala evaluación del mercado eléctrico que hicieron las concesionarias y que nos llevó a realizar una segmentación tarifaria errónea y a no tener en cuenta que la gente utiliza en forma masiva la energía eléctrica para calefaccionarse".

En esa línea, ayer desde la subsecretaría de Coordinación que conduce, Roberto Baratta y del organismo regulador apuntaron sus dardos contra Edenor, la distribuidora que controla el grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios que hasta ahora ha tenido una relación directa con la Casa Rosada.

Le reprochan que fueron los técnicos de la empresa los que "sugirieron" aplicar el esquema de aumentos a partir de los 1.000 kWh bimestrales sin tener en cuenta que muchos hogares de clase media superaban ese nivel de consumo.

Además, los funcionarios remarcaron que la mayor cantidad de reclamos que recibió el ENRE en los últimos días correspondieron a clientes de Edenor a los cuales les habrían aplicado más aumentos que los autorizados.

Desde la empresa indicaron a Clarín que la única vinculación que tuvieron con la definición de los incrementos fue el envío de una información previa que había solicitado el ente sobre los clientes de medianos y altos consumos.

Más allá de las excusas oficiales, lo que queda en evidencia es que Planificación hizo un pésimo análisis de la realidad porque no siempre los hogares que más gas y electricidad consumen son los que tienen mayores recursos económicos como para poder afrontar los aumentos de hasta el 500% que se habían autorizado a fines de 2008.

Los usuarios pidieron certezas sobre las tarifas

La suspensión de los aumentos en la luz y el gas que decidió el Gobierno, no conforman a quienes integran el Movimiento de Usuarios contra el Tarifazo. Ayer, en una reunión que se hizo en el Congreso, representantes de los usuarios, abogados y especialistas en temas energéticos reclamaron que el Gobierno comunique ¿a través del Boletín Oficial¿ las definiciones de cómo va a ser la devolución de los cargos mal facturados y cómo van a quedar finalmente el esquema de las tarifas de luz y gas.

Básicamente porque "suspender no es derogar y la espada de Damocles queda para setiembre", alertó el abogado Ricardo Monner Sans, aludiendo a la situación que se va a plantear cuando pasen los dos bimestres durante los cuales rigen las suspensiones anunciadas por el ministro Julio De Vido. Según esa medida, los subsidios oficiales para que los usuarios no paguen los aumentos se aplicarán en un 100% en el bimestre junio- julio y en un 70% en agosto-setiembre. "Pero no hay definiciones entre otras cosas, de cómo va a quedar el esquema tarifario, apuntó Pedro Bussetti, de Deuco, Además, "si efectivamente hubo errores" como planteó el ministro, los usuarios deben ser resarcidos con un monto mayor", acotó Viviana Epis, de la Unión de Usuarios.

Monner Sans, junto con el ex diputado Mario Cafiero y el investigador Javier Llorens acaban de presentar una demanda penal ¿que recaló en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral¿ contra los responsables del tarifazo. Uno de los argumentos es que el decreto 2067, que gatilló subas siderales en las facturas, establece un "cargo", que es un "tributo", y "como tal debe ser puesto con un monto determinado", explicaron. A su turno, Cafiero señaló: "Pretendemos que la Justicia analice la responsabilidad de los funcionarios y de las empresas por el incumplimiento de las facturaciones. Porque evidentemente hay contratos que no se han cumplido", dijo.

Pocos pasaron a reclamar

En la oficina comercial de Edenor ubicada en Bulnes 1789 ayer había poca gente y una sola caja habilitada. El flujo era continuo al mediodía, pero sin demora. Los clientes van directamente al mostrador "Informes", la mayoría con la factura a mano. "Normalmente, jamás vengo a pagar acá", explica Guillermo de traje y corbata, "Pero esta vez es una exageración". Muestra dos facturas: la última por un monto de 177, 84$ y la actual que asciende a 648,24$. Su consumo casi no ha variado. Bárbara González, la única cajera del local, admite: "La gente vino muy enojada desde el lunes". Aconsejamos pagar el mismo monto que pagaron en la ultima factura".

 

 

 

 

Fuente: Clarín

 

 

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